Entre abril de 2010 y marzo de 2013, la Unión Europea financió con 2,65 millones de euros el proyecto MediaDem con el que se pretendía comprender y explicar los factores que promueven o dificultan el desarrollo de las políticas de comunicación para unos Mass Media libres e independientes. La investigación, que llevó por título Revisión de las políticas europeas de comunicación: Valoración y reclamación de los medios libres e independientes en los sistemas democráticos contemporáneos, se centró en 14 países: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España, Turquía y Reino Unido.

En el caso de España, el grado de libertad e independencia de los medios de comunicación está condicionada por determinados factores que afectan a la estructura del mercado, las condiciones laborales del ejercicio de la profesión periodística y el marco legal. La estructura mediática presenta algunos problemas que socavan tales libertades.

De hecho, una de las conclusiones a las que llegó el estudio fue que las sucesivas mayorías parlamentarias (bien absolutas o simples) han generado un déficit en la actividad legislativa de las políticas de comunicación. “Estos conflictos de interés ralentizan el desarrollo de políticas públicas, generan incertidumbre e incrementan la competencia desleal entre administraciones”, apunta el documento que también explica que desde el punto de vista de las empresas periodísticas, “la mala calidad regulatoria reduce la competitividad del mercado y rompe su unidad.”

Aunque la libertad de expresión está garantizada por el orden constitucional, no es la piedra de toque de la legislación española. Otros valores como el pluralismo y la diversidad cultural y lingüística son más relevantes en el desarrollo del derecho de los medios. En el ámbito de las telecomunicaciones, el proceso de liberalización no ha tenido un patrón definido.

Por último, se ha multiplicado las empresas de comunicación que operan en Bolsa en detrimento de aquellas que tuvieron un origen como empresa familiar. El cambio de titularidad y de propiedad ha sido una prioridad en las operaciones y, en síntesis, ha primado el resultado económico sobre el periodismo. En consecuencia, en los últimos años, numerosos medios han cerrado. Con esto, el número de periodistas despedidos ha crecido rápidamente (más de 3.000 solo hasta 2011).

Como conclusión, MediaDem presentó siete recomendaciones para el diseño de una política pública que promueva la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Las recomendaciones se dirigen a los actores públicos y privados, activos en materia de políticas de comunicación:

1. La mejora de la calidad del marco legal: mejores instrumentos adaptados a la sociedad digital y más transparencia en el proceso del desarrollo normativo

2. La creación de un único órgano de supervisión de las actividades de los medios (desde la economía a la diversidad y la pluralidad)

3. La profesionalización de la gestión de los medios públicos de comunicación: auténticos órganos profesionales, buen gobierno corporativo e independencia de los servicios informativos

4. El incremento de la participación social en los medios públicos y en las instituciones

5. El fomento del buen gobierno corporativo en las empresas periodísticas

6. El apoyo a la reestructuración industrial del sector y el fomento del periodismo emprendedor

7. La promoción de la neutralidad de la red, la liberalización de los servicios digitales y la creación de una oficina de alto nivel en materia de tecnología.